Pacto por una justicia de todos y todas: bases para un cambio democrático #26J

El próximo 26 de julio la ciudadanía tiene la oportunidad de generar, mediante la elección sus representantes en el Congreso y el Senado, un cambio de gobierno y por tanto de las políticas de austeridad y recortes de las dos últimas legislaturas, la última con un gobierno en funciones.

Desde la Plataforma Ciudadana Justicia de Todos y Todas defendemos que, en democracia, es la ciudadanía quien debe liderar las transformaciones sociales, políticas o económicas.

También debe ser el pueblo, de quien emana la justicia según la Constitución Española, quien debe liderar el cambio en este ámbito. Y debe hacerlo frente quienes siguen apostando por posiciones tecnocráticas, defienden un poder judicial situado al margen del control y participación de la ciudadanía.

La Plataforma Ciudadana Justicia de Todos y Todas presentó en Enero un Pacto para lograr las Bases para el Cambio Democrático en Justicia con cinco puntos:

1.- Transformación del Consejo General del Poder Judicial para fortalecer la independencia judicial promoviendo la participación, la transparencia en su gestión y favoreciendo mecanismos de control por parte de la ciudadanía.

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2.- Apertura social y democratización del acceso a la judicatura y demás profesiones jurídicas públicas basado en los principios de merito y capacidad

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3.- Un nuevo proceso penal con más garantías y nueva fiscalía mas autónoma

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4.- Un proceso accesible con garantías de igualdad

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5.- Modernización estructural de la administración de justicia: por una respuesta homogénea, objetiva, previsible y segura.

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Queremos reiterar, ante la repetición de las elecciones generales del próximo 26 de junio, que estos puntos deben constituir las bases de un acuerdo entre las fuerzas políticas que en un sentido amplio apuestan por un cambio social, y que debe plasmarse en un Pacto por una Justicia de Todas y Todos, una justicia de la ciudadanía.

Barcelona: más apoyo social, ciudadano y político al pacto por un cambio democrático en justicia

PÚBLICO BCN                                 Panorámica general del público asistente

El jueves 18 de febrero de 2016 tuvo lugar en Barcelona la esperada presentación pública del manifiesto de la plataforma ciudadana por una justicia de todas y todos por un pacto de cambio democrático en la justicia, una iniciativa que continúa acumulando adhesiones y apoyos.

image4                  Jaume Moya, Laura Pelay, Mercè Perea y Rafael Lafuente

Intervinieron Jaume Asens, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona,  , Jaume Moya i Matas, diputado en el Congreso de En Comú Podem,  Mercè Perea, diputada del Grupo Socialista-PSC, Luisa Montes, portavoz de Comisiones Obreras de Catalunya y Laura Pelay, portavoz de Unión General de Trabajadores de Catalunya, en sustitución de los Secretarios Generales Joan Carles Gallego y Josep Maria Álvarez, en un acto presentado y moderado por Rafael Lafuente i Sevilla, firmante de la plataforma ciudadana por una justicia de todos y todas.

image3(2)                                           Luisa Montes y Jaume Asens

Además, el acto, que ha tenido el apoyo del movimiento vecinal a través de la Confederació d’associacions veïnals de Catalunya, contó con la presencia de representantes de la PAH plataforma d’afectats per la hipoteca de Barcelona, y de una interesante “fila cero” de entidades y organizaciones, que contó, entre otras, con la presencia de Rosa Maria Ibarra, diputada del PSC al Parlament de Catalunya, del diputado David Cid de Iniciativa per Catalunya-Verds, David Companyon, de Esquerra Unida i Alternativa, representantes de las organizacones sindicales UGT Catalunya, y CCOO Catalunya, la Associació Catalana de Juristes Demòcrates, la Associació Catalana de Defensa dels Drets Humans, y el ex Fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo.

image1(7)Panorámica parcial de la fila cero, con David Cid, Joan Manel Gutiérrez, David Companyon y Carlos Jiménez Villarejo

Los intervinientes reiteraron su apoyo y soporte al manifiesto y al pacto por un cambio democrático en justicia, e hicieron hincapié en el desarrollo de los puntos que integran los ejes del manifiesto. Además de las aplaudidas reflexiones de las personas que intervinieron en el acto sobre cuestiones como  el corporativismo, el derecho de acceso a la justicia,  o la criminalización del ejercicio de derechos fundamentales como el de huelga, destacamos la petición expresa de una máxima transparencia de la investigación y actuación judicial en materia de corrupción y mejor dotación de medios para la justicia en esta materia, como expresó Carlos J. Villarejo en el turno de intervenciones.

Agradecemos todos los apoyos recibidos, así como la cesión del Salón de Actos de CCOO para la celebración de este acto, y destacamos la importancia de sumar movimiento sindical, vecinal, organizaciones de juristas y activismo social.

Ofrecemos algunas imágenes del acto de Barcelona en este enlace.

Hashtag redes sociales: #pactojusticia 

Por una justicia de todos y todas, por un cambio democrático en justicia.

Acto de presentación en Barcelona 18/02/2016: pacto por una justicia de todos y todas

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El jueves 18 de febrero de 2016 tiene lugar el  acto público y abierto a la ciudadanía de presentación en Catalunya del documento “Pacto por una justicia de todos y todas. Bases para un cambio democrático”, y constitución del Observatorio de Reforma Democrática de la Justicia, con intervención de representantes de fuerzas políticas parlamentarias.

Será a las 19:30 horas en Barcelona, en el salón de actos que nos ha facilitado Comisiones Obreras de Catalunya, en Via Laietana, número 16.

Intervendrán entre otras organizaciones, Jaume Asens por el Ayuntamiento de Barcelona, En Comú Podem (Jaume Moya, diputado en el Congreso), PSOE (Mercè Perea, diputada en el Congreso), CCOO (Joan Carles Gallego, secretario general Catalunya), UGT (Josep Maria Álvarez, secretario general Catalunya).

Descarga del manifiesto:

[castellano]

https://porunajusticiadetodos.files.wordpress.com/2012/04/pacto-por-una-justicia-de-todos-y-todas-bases-para-el-cambio-democrc3a1tico.pdf

[català]

https://porunajusticiadetodos.wordpress.com/pacte-per-una-justicia-de-totes-i-tots-bases-per-al-canvi-democratic/

Lista de las primeras adhesiones:

https://porunajusticiadetodos.wordpress.com/primeras-adhesiones-por-un-pacto-de-cambio-democratico-en-justicia/

Contacto y adhesión:

porunajusticiadetodos (arroba) hotmail.es

Por una justicia de todos y todas, por un cambio democrático en justicia.

Hacia un cambio democrático en justicia

Aplausos, ilusión y ganas de transformación democrática a fondo en justicia.

Ponentes pacto justicia de todos

En la imagen, de izquierda a derecha, Mercè Perea (PSOE-PSC), Enric Bataller (Compromís-Podem-Eselmoment), Abigail Fernández, Inés Herreros, Victoria Rosell (Podemos) y Alberto Garzón (Izquierda Unida-Unidad Popular).

El viernes 22 de enero de 2016 tuvo lugar en Madrid la esperada presentación pública del manifiesto de la plataforma ciudadana por una justicia de todas y todos por un pacto de cambio democrático en la justicia, en una respuesta ciudadana, social y política que sigue creciendo y superando previsiones.

Intervinieron Enric Bataller, diputado de Compromís-En comú podem-És el moment, Victoria Rosell, diputada de Podemos, Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida-Unidad Popular, y Mercè Perea, diputada del Grupo Socialista-PSC, en un acto presentado y moderado por Abigail Fernández e Inés Herreros, firmantes de la plataforma ciudadana por una justicia de todos y todas.

Los diputados y diputadas, en intervenciones muy aplaudidas, manifestaron su apoyo y sintonía con el manifiesto, exponiendo y desarrollando diferentes aspectos  de las propuestas políticas de sus formaciones.

Inés Herreros, Victoria Rossell y Alberto Garzón                                  Inés Herreros, Victoria Rosell y Alberto Garzón

Se habló de que estamos viviendo una segunda transición e incluso una primera transición democrática en la justicia, de superar la distancia de la justicia con la ciudadanía,  de una mayor democratización del poder judicial y de un mejor servicio público, en el marco de una transformación democrática de la justicia, pendiente durante décadas, que es ya imparable.

Mercè Perea, Enric Bataller y Abigail Fernández

Mercè Perea, Enric Bataller y Abigail Fernández

El próximo acto de presentación será en Barcelona el jueves 18 de febrero de 2016. Tendrá lugar por la tarde en un lugar céntrico que anunciaremos muy pronto, por lo que animamos a reservar las agendas y a difundir esta información.

Ofrecemos algunas imágenes del acto de Madrid en este enlace.

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Por una justicia de todos y todas, por un cambio democrático en justicia.

Acto de presentación en Madrid 22/01/2016: pacto por una justicia de todos y todas

 

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El viernes 22 de enero de 2016 tiene lugar el  acto público de presentación del documento “Pacto por una justicia de todos y todas. Bases para un cambio democrático”, y constitución del Observatorio de Reforma Democrática de la Justicia, con intervención de representantes de fuerzas políticas parlamentarias.

Descarga del manifiesto:

https://porunajusticiadetodos.files.wordpress.com/2012/04/pacto-por-una-justicia-de-todos-y-todas-bases-para-el-cambio-democrc3a1tico.pdf

Lista de las primeras adhesiones:

https://porunajusticiadetodos.wordpress.com/primeras-adhesiones-por-un-pacto-de-cambio-democratico-en-justicia/

Contacto y adhesión:

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Por una justicia de todos y todas, por un cambio democrático en justicia.

PACTO POR UNA JUSTICIA DE TODAS Y TODOS: BASES PARA EL CAMBIO DEMOCRÁTICO

Al margen de cualquier otro posible análisis y consideración de los diferentes parámetros sobre el futuro gobierno en nuestro país, las pasadas elecciones han servido para evidenciar un claro avance de las fuerzas políticas que en un sentido amplio apuestan por un cambio social, ya se denominen a sí mismas transformadoras, regeneradoras, progresistas o de izquierdas. Así, aun cuando ningún partido político ha obtenido el apoyo suficiente para formar gobierno, los analistas, al igual que el conjunto de la ciudadanía, han advertido desde el primer momento la posibilidad real de que desde ese espectro ideológico y programático se confluya en los aspectos básicos que permitan lo que ha venido en llamarse la “gobernabilidad” del Estado, siempre desde el respeto al sustrato que les hace potencialmente afines y aceptando que en ello deberán, unos y otros, prescindir de parte de su bagaje, de aquello que inevitablemente se verá relegado a discusiones o debates que podrán tener lugar en otro momento.

Entre otras materias, los referidos partidos y coaliciones tienen con sus votantes la obligación de subvertir los parámetros con que se ha venido gobernando durante la pasada legislatura, y deben hacerlo atendiendo a todos los ámbitos a los que ha afectado el ejercicio del poder, entre ellos el de la Justicia.

En este sentido, son muchos los colectivos que han venido exigiendo desde hace tiempo la firma de un Pacto de Estado por la Justicia. Entre estos grupos, las principales asociaciones de jueces suscribieron recientemente un documento al que dieron publicidad en diversos medios por el que, en nueve puntos concretos, identifican desde la necesidad de ese pacto a ciertos cambios en la organización de los tribunales y la, para ellos esencial, modificación del sistema para la formación del Consejo General del Poder Judicial.

En este escenario, desde la Plataforma Ciudadana por una Justicia de Todos y Todas, las personas y organizaciones abajo firmantes consideramos necesaria la firma de ese Pacto por la Justicia que, en líneas generales, determine ese espacio común por donde deben transitar las opciones de gobierno en asuntos como los que a continuación se recogen.

 

1.- Transformación del Consejo General del Poder Judicial para fortalecer la independencia judicial

El CGPJ es el órgano de gobierno de jueces y magistrados, y como tal es un órgano político, que en nuestra opinión no puede quedar al margen de la participación ciudadana.

Proponemos transformar el órgano de gobierno de la judicatura para robustecer el ejercicio de la independencia judicial, constituyendo el control y savalguarda de este derecho ciudadano como su función fundamental.

En los últimos años se ha extendido la opinión de que la participación en su composición o en la forma de elección de los vocales que integran a este órgano debe implicar sólo a miembros de la judicatura. Sin embargo, la creencia de que cualquier participación por instituciones ajenas al Poder Judicial supone un ataque a su independencia es más que discutible.

En primer lugar conviene recordar que la división de poderes del Estado no excluye, sino que por el contrario debe reforzar la idea del control entre todos ellos.

Sólo desde el equilibrio y la garantía de fiscalización de la actividad de unos y otros se evitan actitudes despóticas que se apartan del ideal democrático en una sociedad. Por otra  parte, desde  el punto  de vista  de  la  legitimidad  democrática  en el ejercicio  de cualquiera de aquellos poderes, no podemos olvidar que el titular de la soberanía es el Pueblo y que de éste emanan todos los poderes del Estado, también el Judicial.

Asegurar la participación de la ciudadanía en esa misma formación, ya sea de un modo directo mediante elecciones abiertas, ya sea de forma indirecta, a propuesta del Parlamento que sí ha sido elegido de esa forma por la ciudadanía, garantiza su legitimidad y desde luego le confiere una mayor conexión con ésta.

No podemos obviar que en los últimos años se han sucedido algunos acontecimientos que han puesto en entredicho decisiones del CGPJ. Sin embargo, entendemos que buena parte de estas decisiones no son tanto por el carácter “político” de esta institución, como por el alcance de ciertas funciones que actualmente se le atribuyen.

Así, no consideramos adecuada la asunción de competencias del CGPJ para determinar la formación de los más altos tribunales en este país, aquellos que precisamente han de juzgar a políticos aforados. La imagen que con ello se proyecta afecta, no tanto a la “independencia judicial” como se afirma desde diversos medios, sino a algo aún más grave porque, a diferencia de lo anterior, se instala en la línea medular del propio sistema de justicia: a la imparcialidad de los tribunales.

En definitiva, en la elección de los miembros del CGPJ debe participar la ciudadanía, en cualquiera de las modalidades apuntadas, y las competencias de este órgano no deben incluir las facultades de decisión sobre la composición de los más altos tribunales que, en todo caso, deben ser cubiertos mediante un proceso transparente que evalúe mérito y capacidad de las candidaturas.

 

2.- Apertura social y democratización del acceso a la judicatura y demás profesiones jurídicas públicas basado en los principios de mérito y capacidad

El sistema actual de selección del personal para acceso a la judicatura y las restantes profesiones jurídicas de alto nivel (fiscalía, letrados de la Administración de Justicia, entre otras) debe ser revisado.

El ingreso a determinados cargos debe hacerse partiendo del estudio y superación de un proceso que constituya una verdadera carrera profesional, donde a través de la especialización en disciplinas jurídicas, pero también en valores y principios que inspiran a la Administración de Justicia como servicio público dirigido a la solución, cuando no a la evitación, de los conflictos sociales, consigamos formar a los mejores profesionales.  Ese estudio, que duraría varios años, contaría con pruebas eliminatorias hasta completar la selección.

Es hora de abandonar el tradicional sistema se acceso a través de pruebas memorísticas, que exigen años de preparación, de esfuerzo personal y económico de los opositores, un sistema que sólo permite alcanzar esa meta a quienes tengan mejor memoria y capacidad económica suficiente para pagar a quienes preparan la oposición.

El objetivo es aquí doble. De un lado, conseguir democratizar el acceso a ciertas profesiones jurídicas de naturaleza funcionarial que, además, se sitúan en el núcleo de la organización institucional del Estado, permitiendo que personas con menos recursos económicos pueda tomar parte en el proceso. Por otra parte, tenemos el convencimiento de que la selección conforme a esos nuevos parámetros llevaría a conseguir profesionales que, además de conocimientos estrictamente jurídicos, acreditasen ciertas habilidades o compromisos sociales que deben formar parte de su acervo.

 

3.- Un nuevo proceso penal con más garantías y nueva fiscalía más autónoma

Creemos que es absolutamente necesario que las fuerzas políticas progresistas alcancen un consenso que permita la siempre inacabada reforma de la legislación procesal hacia un nuevo proceso penal.

Ese pacto de progreso servirá para definir las líneas básicas del modelo que, definitivamente, deje en manos del Ministerio Fiscal, la investigación de los delitos y la instrucción de las causas penales, convirtiendo a la judicatura en el máximo garante de los derechos fundamentales de la ciudadanía durante todo ese proceso. Condición para ello será una nueva Fiscalía, reforzada, más autónoma y mejor dotada, que permita que la ciudadanía vea duplicadas sus garantías en el proceso penal.

Con independencia de lo anterior, urge la decisión de dejar sin efecto la limitación de los plazos para la instrucción sumarial aprobada en la pasada legislatura. Poner coto a la duración de los procesos sin dotar previamente a los juzgados y tribunales de medios que garanticen que su actividad se pueda llevar a cabo dentro de esos márgenes es tan ineficaz como irresponsable, y conduce irremediablemente al archivo de multitud de procesos, por lo que muchos delitos dejarán de ser perseguidos.

 

4.- Un proceso accesible con garantías de igualdad

Existen diferentes instrumentos que favorecen las condiciones de igualdad económica y social entre la ciudadanía en un Estado que se define con esta última cualidad. Sin embargo, la Justicia no puede permanecer ajena a la realidad de una sociedad que cuenta con notables desigualdades entre sus integrantes y, en todo caso, debe hacer posible que tales diferencias no rompan el equilibrio básico que permite garantizar la tutela judicial efectiva de toda la ciudadanía.

Aquellos sectores que social o económicamente se encuentran más desprotegidos deben contar con el debido asesoramiento por profesionales adecuados cuando acudan a los tribunales, sin que su situación personal constituya óbice para obtener aquella tutela. Hasta ahora la asistencia a quienes obtienen el reconocimiento del derecho a la llamada “justicia gratuita” se viene prestando por profesionales (abogacía y procura en mayor medida, pero también es importante la participación de peritos, especialistas que son llamados a intervenir en los procesos) que en no pocas ocasiones cobran por sus servicios poco, mal y tarde.

El resultado de esta situación es que buena parte de estas profesiones se apartan de las bolsas que regulan esta actividad, excluyéndose a sí mismos de la participación en los llamados turnos de oficio y, en consecuencia, se produce una notable merma de calidad de un servicio que debilita más aún la posición de quien, por su situación económica, ocupa una posición en el proceso más vulnerable que su oponente.

Es imprescindible, pues, alcanzar un acuerdo que garantice la asistencia jurídica antes, durante y después del proceso, para aquellas personas que acrediten insuficiencia de recursos económicos o que, por otras razones, deban ser objeto de una mayor protección social. Este acuerdo podrá disponer el establecimiento de medidas que aseguren la adecuada asignación presupuestaria para cubrir tales contingencias, pero también se podría pensar en la creación de un servicio de asistencia jurídica o de determinados especialistas en materias concretas que, contratados por el Estado, se integren en equipos para la prestación de estos servicios de un modo continuado.

 

5.- Modernización estructural de la administración de justicia: por una respuesta homogénea, objetiva, previsible y segura

La administración de justicia precisa urgentemente una modernización estructural que posibilite un servicio público ágil, previsible en sus tiempos para la resolución de los procedimientos y guiado en sus trámites por criterios comunes, objetivos y homogéneos.

Urge, por tanto, la reforma de la Administración de justicia desterrando cualquier atisbo de desigualdad en el trato a la ciudadanía, usuaria del servicio público, acabando con los criterios subjetivos y heterogéneos en la tramitación de los asuntos.

Reclamamos unas oficinas judiciales y fiscales regidas por protocolos de preestablecidos y conocidos por quienes utilizan la justicia (ciudadanía y profesionales privados), especializando y optimizando las formas de trabajo.

Al mismo tiempo deben implantarse tribunales de instancia que posibiliten a la judicatura desarrollar su función constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado con las máximas garantías y mejores condiciones para reforzar el derecho de la ciudadanía a una tutela judicial efectiva, así como fortaleciendo la independencia judicial, y siempre guiados en sus criterios de trabajo con la misma vocación de servicio público.

La falta de información fiable sobre el volumen de trabajo que desarrollan los tribunales (hoy solo contamos con los datos parciales del CGPJ) impide el desarrollo de una política pública en justicia apropiada, y la Comisión Nacional de Estadística Judicial, prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial, no ha ejecutado adecuadamente sus funciones a este respecto.

Por ello, como trámite previo a la adopción de cualquier medida que afecte al diseño y organización de los tribunales, reclamamos una auditoría para conocer con exactitud el número de procedimientos existentes en la justicia y la actividad concreta que se efectúa en la Oficina judicial.

Finalmente desde la Plataforma Ciudadana Justicia de Todos y Todas consideramos oportuno proponer la creación de un Observatorio para la Reforma Democrática de la Justicia en torno a los puntos expuestos para su desarrollo y aplicación en un los próximos cuatro años, que con una participación plural de sectores sociales logre el cambio democrático definitivo  pendiente desde hace demasiadas décadas.

 

Plataforma ciudadana por una justicia de todos y todas

Enero 2016

Pacto de estado por una justicia de todos y todas. Bases para un cambio democrático

En abril de 2012 tuvo lugar en Barcelona la presentación pública del manifiesto constitutivo de la plataforma ciudadana por una justicia de todos  

[enlace: https://porunajusticiadetodos.wordpress.com/manifiesto/ ]

cuyos objetivos giraban alrededor de una mayor democratización de la justicia y el poder judicial, su acercamiento a la ciudadanía, y la superación del corporativismo que ha frenado durante décadas su modernización y proximidad. 

A partir de dichos postulados,  anunciamos para el próximo viernes 22 de enero en Madrid (C/Mayor 71, 18:00 horas) un acto público de presentación de un texto en el que proponemos a las fuerzas políticas que en un sentido amplio apuestan por un cambio social y democrático, un amplio pacto de estado por la justicia en cuanto base democrática y garantía de los derechos ciudadanos en el marco de un Estado social y democrático de derecho.

Este acto de presentación pública será el punto de partida para un calendario de reuniones y presentaciones a lo largo de este año.  

[enlace descarga documento: https://porunajusticiadetodos.files.wordpress.com/2012/04/pacto-por-una-justicia-de-todos-y-todas-bases-para-el-cambio-democrc3a1tico.pdf  ]

CÓMO ADHERIRSE AL MANIFIESTO POR UN PACTO EN JUSTICIA: 

Para la adhesión (individual y/o de organizaciones) y aparecer como firmante hay que comunicarlo a porunajusticiadetodos@hotmail.es.  

Destacamos la importancia de la unión de esfuerzos por este pacto, ante el decisivo momento político y social que atraviesa nuestra sociedad, y de concitar el máximo de interés de los agentes sociales, fuerzas políticas, profesionales y ciudadanas, partiendo de que se trata de un documento que, sin duda, necesitará del concurso y participación posterior de todas las personas, colectivos y organizaciones interesadas. 

Recomendamos la lectura y difusión del documento Pacto por una justicia de todos y todas. Bases para el cambio democrático. y resumimos los ejes para el cambio en la justicia:

1.- Transformación del Consejo General del Poder Judicial para fortalecer la independencia judicial

2.- Apertura social y democratización del acceso a la judicatura y demás profesiones jurídicas públicas 

3.- Un nuevo proceso penal con más garantías y una nueva fiscalía.

4.- Un proceso accesible con garantías de igualdad

5.- Modernización estructural de la administración de justicia: por una respuesta homogénea, objetiva, previsible y segura, y

6.- Creación de un Observatorio para la Reforma Democrática de la Justicia en torno a los puntos expuestos para su desarrollo y aplicación en un los próximos cuatro años

Por una justicia de todos, por un cambio democrático en la justicia.