2013: cinco peligros de involución democrática en la justicia

El pasado  jueves 13 de junio la Plataforma ciudadana por una Justicia de Todos celebró una importante reunión en Barcelona, a la que asistieron diversos miembros de la plataforma. Entre las personas integrantes de la plataforma y asistentes a dicho encuentro, hemos analizado la actualidad de la justicia a la luz de la perspectiva del manifiesto constitutivo. 

La Plataforma ciudadana por una justicia de todos, que el pasado 14 de abril cumplió su primer año de vida, considera que la justicia y el poder judicial no han experimentado plenamente la transformación democrática que debió derivarse de la Constitución de 1978.

Es más: la evolución legislativa del último año está poniendo de manifiesto una falta de voluntad en acercar la justicia y el poder judicial a la ciudadanía, en la dirección exactamente contraria a la propugnada por la plataforma.

Por todo ello, consideramos oportuno  advertir a la ciudadanía de los siguientes cinco peligros de involución democrática en la justicia:

1º)  El simple acceso a la justicia pasa a ser de pago mediante las tasas judiciales.

La Ley de tasas judiciales ha impuesto sobre los ciudadanos un precio para simplemente acceder a los juzgados, y en sus primeros meses de vigencia ha supuesto la expulsión de numerosas personas que, de otro modo, habrían accedido al servicio público. El acceso a la justicia, a la garantía de los derechos de la ciudadanía, deja así de estar al alcance de todos y marca una línea divisoria entre una justicia de pago, a la que tendrá derecho quien tenga capacidad para hacer frente a las tasas, y una justicia de beneficencia, reservada bajo estrictos criterios, para aquellas personas que acrediten una insuficiencia absoluta de recursos.

2º) Aumento de la distancia de la ciudadanía con el Poder Judicial.

El funcionamiento de uno de los poderes del Estado diseñado por la Constitución, el Poder Judicial, sigue sin acercarse al pueblo del que emana la soberanía constitucional. Tras escándalos públicos, como el llamado caso Dívar, en que nuestra democracia dio muestras de debilidad institucional para la  rendición de cuentas y exigencia de responsabilidades a las altas instancias judiciales, el debate político se ha centrado en cuestiones referentes al órgano de gobierno de jueces y magistrados, el  Consejo General del Poder Judicial, cuya reforma se proyecta por el Gobierno, y que consideramos como un debate al que le falta un elemento esencial: la previsión de fórmulas de control y participación ciudadana de las que, en democracia, no debe estar exento ninguno de los poderes del Estado.

Para la plataforma ciudadana por una justicia de todos, pasa a un segundo plano el modo en que se elija a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, o sus prerrogativas y estatuto personal, si no se prevén fórmulas de control  y participación ciudadana sobre la actividad de uno de los tres poderes del Estado, que sigue, treinta años después, claramente alejado de la ciudadanía.

3º) Privatización de servicio público de la justicia.

Los anunciados proyectos de reforma legislativa del Registro Civil en favor de los Registradores de la Propiedad, del régimen de actos de comunicación judicial para el que se prevé la intervención de Procuradores, de celebración de matrimonios, o incluso las autorizaciones de concesiones de nacionalidad en favor de los Notarios, sin abordar en ningún caso una reforma del régimen de dichas profesiones,  pueden suponer un trasvase de competencias hasta ahora ejercidas en el sector público hacia el sector privado, además de generar desigualdades para los usuarios del servicio, que corren el riesgo de enfrentarse a una justicia de dos velocidades.

4º) Legislación al servicio de las élites económicas y sociales: retroceso en garantía de derechos de la ciudadanía. 

Algunos de los importantes proyectos anunciados de Código Penal, Código Procesal Penal, de reforma de la Demarcación y Planta Judicial y de Ley Orgánica del Poder Judicial, elaborados algunos de ellos de modo opaco por comisiones de expertos durante todo un año, dibujan un modelo de justicia que se sitúa por encima de los ciudadanos y que desconfía de ellos, apostando por un derecho penal represivo o de la venganza social, restringiendo en algunos casos la posibilidad de ejercer la acusación popular, o alejando físicamente la presencia de la justicia como una administración cercana a la ciudadanía mediante la supresión de partidos judiciales. A ello se añaden carencias tradicionales como la falta de reforma en el sistema de acceso a las profesiones jurídicas superiores que las abra eficazmente a todas las capas sociales y económicas.

5º) Una administración de justicia reducida y recortada.

La administración de justicia, herramienta pública imprescindible para que el poder judicial desarrolle con plenas garantías su importante misión constitucional, sigue sin ser reorganizada y reformada para hacerla eficiente, rápida, accesible y comprensible para los ciudadanos.

Al contrario, los planes y anuncios del Gobierno apuestan por su reducción, tanto mediante la privatización de servicios, como mediante la exclusión de usuarios que no puedan pagar las tasas de acceso. Además de esta reducción, los poderes públicos apuestan por el recorte del servicio, tanto para el personal y trabajadores de la justicia, como en los medios a disposición de la misma.

Para la plataforma ciudadana por una justicia de todos, la ciudadanía no merece una justicia que trabaja con equipos informáticos del siglo XXI pero con métodos, organización y  selección del personal del siglo XIX.

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Para hacer frente a estos peligros, pedimos a la ciudadanía que se involucre en la justicia, que reclame tener voz en la misma, dado que le pertenece en cuanto titular de la soberanía, y dada también la enorme distancia que todavía le separa de la misma. El ciudadano acude con miedo ante la justicia, y eso en una democracia no es admisible.

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