Sobre la regulación del indulto

La Plataforma Ciudadana por una Justicia de Todos nació con el objetivo de contribuir a un cambio definitivo en la Justicia de este país, y entre los elementos clave que se han de corregir para alcanzar ese propósito se encuentran la democratización de todas las instituciones que intervienen en ella y la transparencia de su gestión.

En ocasiones se tiende a reducir el ámbito de los colectivos o entes que se ocupan de la Justicia. Pensamos en los profesionales que trabajan en juzgados y tribunales, o en las fiscalías, y en sus respectivos organismos como los únicos que se encargan de “administrar Justicia”. Sin embargo, por más que sea en aquellos donde se dictan las sentencias resolviendo litigios y condenando a culpables o absolviendo a inocentes, administrar Justicia ha de ser también hacer Justicia, y esto no se consigue hasta que todos los implicados, ya sean particulares o el colectivo social, recuperan en lo posible el equilibrio roto por el conflicto.

Así, hacer Justicia es defender, cuando no recuperar valores. Al margen de otras funciones, como la resocialización del delincuente y, en lo posible, la reparación del daño, la condena a los responsables de un hecho delictivo ha de servir a la función preventiva general, para que otros sujetos se abstengan de cometer futuros delitos. La sociedad debe percibir que la condena resulta útil para ambos propósitos.

Sin embargo, acontecimientos recientes vienen a demostrar que la acción de la Justicia (de sólo parte de la Justicia, porque nos referimos sólo a la de los tribunales) carece de eficacia, y ello por decisiones ulteriores que, sin ninguna justificación, pervierten el sistema y evitan que se haga Justicia. Nos referimos a episodios que la ciudadanía está percibiendo como evidentes arbitrariedades, en el uso y abuso de la potestad que al Ejecutivo concede la actual ley reguladora del indulto.

Una Ley de 18 de junio de 1870 es la que, todavía hoy, regula en ese país la llamada “gracia del indulto”. Con ese nombre ya deja claro el espíritu de la norma, concebida como una muestra benevolencia y magnanimidad que reconocía con carácter exclusivo al Rey la Constitución vigente en el momento de promulgarse aquélla. Así ha permanecido hasta nuestros días sin demasiadas modificaciones, si bien hoy es el Gobierno quien la aprueba, a propuesta del Ministerio de Justicia y con el refrendo del Monarca.

Recientes indultos concedidos a diversos condenados por sentencia firme, (cargos públicos, banqueros, funcionarios públicos…) han llevado una lógica reacción general que va desde la crispación más encendida hasta la decepción y el alejamiento cada vez mayor de la sociedad respecto a sus instituciones políticas.

El hecho de que políticos, empresarios o grandes financieros eludan así el ingreso en prisión, o que hayan quedado impunes delitos que merecen un particular reproche social, como los relacionados con la corrupción política o la tortura, han provocado graves críticas y una reacción general que va desde la crispación más encendida hasta la decepción y el alejamiento cada vez mayor de la sociedad respecto a sus instituciones políticas.

Pese a todo, consideramos que en el momento en que recae una condena o debe iniciarse su cumplimiento, circunstancias personales o sociales podrían aconsejar el indulto, pero su concesión debe ser siempre excepcional y en atención a la especial naturaleza de aquellas circunstancias. Conviene analizar, pues, la naturaleza de los delitos que puedan merecer de este beneficio y las características de los delincuentes a quienes afecten, pero sobre todo las que le rodeaban en el momento de cometer el delito y en qué medida hoy han cambiado.

Por descontado, de la posibilidad de indulto deberían quedar excluidos aquellos delitos que, más allá de su particular gravedad (que habrá tenido reflejo en la pena impuesta), merezcan un mayor y más profundo reproche social.

Es evidente, pues, que la sociedad se reclama un profunda modificación de esta medida, respetando siempre su naturaleza excepcional. Por todo ello se propone la inmediata y urgente reforma de la ley reguladora del indulto, adaptándola a los parámetros de una democracia avanzada, evitando arbitrariedades en la concesión o denegación de esta medida por razones que no sean de naturaleza estrictamente terapéuticas y para favorecer la integración social de quienes incurrieron en conductas delictivas por apartarse de aquella.

Por otra parte, la gran mayoría de los países de nuestro entorno, no sólo en el caso español, se atribuye la facultad de conceder los indultos al jefe del Estado, pero desde la Plataforma Ciudadana por una Justicia de Todos abogamos por una Justicia accesible, transparente y responsable en nuestro país. En ese ejercicio de responsabilidad compartida en la gestión de lo público y de la forma de hacer Justicia, proponemos atribuir la concesión de los indultos a un órgano o institución independiente, aunque sometido al control de los tribunales a través de los recursos en vía jurisdiccional que se establecieren, que permita, además, una participación mayor de la ciudadanía en el mismo.

Este órgano o institución debería tener una composición pluridisciplinar, que incluiría a profesionales de diversas ramas: el derecho, la psicología, la sociología, etc., resolviendo si la medida de internamiento impuesta en sentencia por un tribunal podría considerarse acorde con la función resocializadora que atribuye a la misma nuestra Constitución o, por el contrario, no siendo merecedor de mayor reproche social ni útil la medida para favorecer su integración, finalmente el indulto es la mejor opción.

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