Intenso acto público en Barcelona 2012-2014, la ciudadanía ante la justicia

Ayer, 12 de mayo de 2014, y dentro del ciclo de conferencias de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, tuvo lugar la mesa redonda “La ciudadanía ante la Justicia”, organizada por la Facultat de Dret y la Plataforma Ciudadana por una Justicia de Todos, en la que se debatió sobre la situación actual de la Justicia a partir de los cambios legislativos más importantes que están teniendo lugar, así como en el contexto de recortes de derechos sociales en el que nos encontramos.

Inauguró el acto el Vicedecano de Relaciones Institucionales de la Facultat de Dret, Daniel Vázquez Albert. La primera de las intervenciones estuvo a cargo de Juli Ponce Solé, Profesor titular de la Universitat de Barcelona acreditado como Catedrático de Derecho Administrativo, que reflexionó sobre si la tutela judicial efectiva reconocida en la Constitución puede recortarse, y si este recorte, en su caso, puede hacerse de cualquier manera. Según el Profesor Ponce, los derechos reconocidos constitucionalmente tienen un núcleo mínimo vital que no puede atacarse ni siquiera de manera indirecta mediante la vulneración de los principios jurídicos europeos, constitucionales y legales que los rigen, por lo que, pese a contar con legitimidad democrática para hacerlo, los recortes de tales derechos que afecten ese núcleo son ilegales.

A continuación intervino Lorenzo Prats Albentosa, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Barcelona, que resumió la trayectoria que en los últimos años ha seguido el Registro Civil y alertó sobre las graves consecuencias económicas y de tratamiento y gestión de datos que se darán en caso de que el Registro Civil deje de ser competencia exclusiva de la Administración General del Estado para pasar a serlo de funcionarios públicos sui generis como son los Registradores, colectivo con el cual el Ministerio de Justicia negocia la asunción de esta competencia.

Isidor García Sánchez, Abogado y miembro de la Coordinadora de la Plataforma Ciudadana por una Justicia de Todos, expuso las consecuencias que tendría para los procedimientos en trámite la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en los términos del Anteproyecto de abril de 2014 y explicó por qué agrandaría la brecha entre Justicia y ciudadanía a partir de puntos concretos de la regulación como la supresión de los Juzgados de Paz o los cambios en el recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Abigail Fernández González, Secretaria Judicial y miembro de la Comisión Ejecutiva del Sindicato de Secretarios Judiciales, bajo el título de si es posible una Administración de Justicia al servicio de la ciudadanía, afirmó que sí y analizó resumidamente los males de nuestra Administración de Justicia y el camino que debe seguirse para llegar a una Administración que funcionase como un auténtico servicio público, alertando de que la regulación propuesta en el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial supondría un “regreso al pasado” camuflado entre terminología moderna.

Francisco Javier Pérez Ruiz, Fiscal y miembro de la Unión Progresista de Fiscales, reflexionó sobre la represión legal de las conductas ciudadanas, tal como se plantea en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y en la vigente Ley de Seguridad Privada, llamando la atención sobre el autoritarismo de ambos textos, el uso de conceptos jurídicos indeterminados en los mismos, frente a la seguridad jurídica que deberían garantizar, y la injustificada transformación en delitos de actividades prohibidas pero de tipicidad cuestionable, y que pueden ser sancionadas en otras vías.

Cerró la mesa redonda Andrés Pérez Subirana, Abogado y Presidente de la Associació Catalana de Juristes Demòcrates, quien valoró el cambio de situación producido en el acceso a la tutela judicial efectiva a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Tasas Judiciales.

Desde la Plataforma Ciudadana por una Justicia de Todos agradecemos a la Escola de Postgrau de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona su disponibilidad en la organización de este acto, y recordamos que una de las principales funciones de la Universidad es la creación de entornos de debate crítico como premisa para incidir en la realidad social, política y económica, máxime en situaciones críticas como la actual. Tras dos años de actividad de la Plataforma, el manifiesto a partir del cual ésta se creó sigue estando plenamente vigente, pero el debate sobre la Justicia que merece la sociedad española empieza a hacerse un hueco en la agenda política, que por necesidad, ha de ser cada vez mayor.

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