El fin de una etapa negra para la ciudadanía y la justicia: valoración del cambio en Ministerio de Justicia

Tras la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón de su cargo como Ministro de Justicia y la toma de posesión de Rafael Català Polo como nuevo titular de la Cartera, la Plataforma Ciudadana por una Justicia de Todos emitimos la siguiente valoración:

1.- La etapa de Ruiz-Gallardón al frente del Ministerio de Justicia se caracterizó por el enfrentamiento continuo con la mayoría de los sectores corporativos y por la lenta espera de las anunciadas reformas de los textos legales más importantes, cuya redacción se “externalizó” a grupos de expertos de distintos ámbitos profesionales en un intento de dotarlas de tecnicidad aséptica pese a que los redactores eran siempre elegidos entre los sectores más reaccionarios de sus respectivas carreras.

Por su parte, Rafael Català Polo ha manifestado hoy en su toma de posesión que, si bien continuará “desde el diálogo y el consenso” con las reformas que impulsó su predecesor, también revisará una de las más polémicas, la Ley 10/2012, conocida como la Ley de Tasas Judiciales, que ha excluido a gran parte de la ciudadanía del derecho fundamental de acceso a la Justicia.

Desde la Plataforma Ciudadana por una Justicia de Todos consideramos que ninguna de las reformas iniciadas ha tenido la intención de democratizar ni de mejorar la calidad de la Justicia ni de la Administración de Justicia, sino que, por contra, todas ellas intentan potenciar la desigualdad entre la ciudadanía. Por ello confiamos en que no se materialicen en los términos en que se plantean, si bien continuamos defendiendo la necesidad de una reforma estructural de la Justicia y la Administración de Justicia.

Apelamos para ello a la responsabilidad política del Ministro y a que entienda que la actual mayoría parlamentaria es variable y no garantiza respaldo social, máxime teniendo en cuenta, por una parte, las tensiones que ha generado su predecesor y, por otra, que iniciamos la recta final de la legislatura.En todo caso, valoramos positivamente que el nuevo Ministro invoque valores como el diálogo y el consenso, ausentes del Ministerio de Justicia durante casi tres años, y consideramos una buena noticia que plantee revisar las tasas judiciales, pero entendemos que la única solución a la exclusión que ha generado, y la única respuesta digna a los argumentos falaces con que se han implantado, es la derogación de la Ley actual.

Igualmente entendemos que debe deshacerse el camino hacia la privatización del Registro Civil, iniciado casi a escondidas con la Disposición Adicional vigésima del Real Decreto Ley 8/2014, que atribuye la llevanza del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles y a pesar del pronunciamiento expreso de que se mantendrá su gratuidad.

2.- No olvidamos a quienes han permitido y alentado la negra etapa que hemos pasado: un Gobierno y un Presidente del mismo que nunca han buscado el consenso social y que han llevado a cabo reformas traumáticas y confusas por trámites de urgencia innecesarios, así como aquellos que iban a ser los grandes beneficiados por algunas de las reformas en trámite, y, por último, los sectores más reaccionarios de todos los colectivos de Justicia, en quienes el anterior Ministro encontró siempre respaldo a sus políticas ultraconservadoras.

3.- Finalmente, desde la consideración de que la justicia no es una simple cuestión corporativa o de “colectivos afectados”, sino que como poder del Estado y garantía de derechos pertenece a toda la ciudadanía o pueblo soberano, la plataforma ciudadana por una Justicia de Todos solicitará formalmente una próxima recepción y presentación al nuevo Ministro de Justicia.

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