La Cruz de San Raimundo de Peñafort: Una orden y una condecoración fuera de lugar

Por José Manuel Beiro,  Letrado de la Administración de Justicia (*)

  1. Introducción

Cuando cualquier persona piensa en el universo de las condecoraciones y premios, las medallas, los reconocimientos, los homenajes, las placas conmemorativas, los pedestales con nombre, las estatuas ecuestres y no ecuestres, y hasta los retratos oficiales, puede elegir preguntarse o no si todo ese boato tiene algún sentido, o bien sobre los merecimientos y olvidos, y en fin, sobre su justicia y su injusticia. Cuando lo hace un jurista, sea un águila de la Ley o un polluelo de la Ley, ocurre exactamente igual, solo que lo más habitual es no hacerse ningún tipo de pregunta.

Así, en 2018 la principal distinción civil pública concedida por el Ministerio de Justicia español sigue siendo la Cruz de San Raimundo de Peñafort. A diferencia, por poner un ejemplo, de lo ocurrido en la administración militar, el régimen normativo que regula las distinciones y condecoraciones en la administración de justicia se mantiene intacto desde la etapa preconstitucional.

Esa normativa no está oculta, ni su consulta requiere una especial dedicación. El propio Ministerio de Justicia ofrece en su página web el listado vigente y básico de normas franquistas que regula lo que se sigue entendiendo como “mérito a la justicia”: el Decreto de 23 de enero de 1944,  que crea la Cruz de San Raimundo de Peñafort, el Decreto de 2 de marzo de 1945 (BOE de 28.3.45), que aprobó el texto refundido de las normas estatutarias de la Orden, el Decreto de 9 de enero de 1950 (BOE de 21.1.50), que modifica algunas normas reguladoras y el Decreto de 1 de diciembre de 1966, (BOE de 24.12.66) que limita a doscientas el número máximo de Grandes Cruces que se puede conceder.

El único impacto normativo que ha tenido el transcurso de más de setenta años, la promulgación y vigencia de la Constitución de 1978 y, en definitiva, lo que se conoce como transición democrática, ha sido el Real Decreto 1859/1985, de 17 de julio, por el que se modifica el diseño material oficial del reverso de la Medalla del Mérito a la Justicia de la Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort. Esta reforma tuvo como único objeto suprimir del relieve del reverso de la medalla lo que llamaba “el escudo del anterior jefe del estado”, dejando expresamente la inscripción “insigni doctori sancto raymundo pennaforti, principi in juris studio et eminenti hispaniae filio honorem redditur ac venerationem” y la fecha de referencia del Decreto fundacional, 23 de enero de 1944.

La medallita, conocida popularmente en el sector como la raimunda, premia en nuestros días, sin entrar en demasiados matices, el mérito a la justicia. Pero ¿cuál es la concepción de justicia que se pretendía premiar con su creación y que pervive en su normativa y organización?

  1. Valores jurídicos totalitarios

En primer lugar, no hace falta mucha profundidad para darse cuenta de que la misma fue instituida para premiar una concepción del Derecho ajustada a los valores jurídicos y políticos totalitarios impuestos a partir de 1939.

La mañana de su creación oficial, el 7 de enero de 1944, el Boletín Oficial del Estado amanecía en Madrid cargado de Decretos. Era uno de esos días, meses y años en lo que desde las nuevas autoridades se trabajaba para reproducir institucionalmente, pieza a pieza, el nuevo Estado corporativo ensayado en la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini o el Portugal de Salazar. En la firma aparecía el nombre de Eduardo Aunós, ministro de justicia, exministro de trabajo durante la dictadura de Primo de Rivera, diplomático ocasional que en los primeros años de la segunda guerra mundial estuvo a cargo de las embajadas de España en Bélgica y Argentina, dirigente falangista, músico refinado y convencido corporativista, impulsor en aquellos tiempos de colegios profesionales, patronatos e instituciones ya desaparecidas. Como jurista fue uno de los teóricos de la represión de la dictadura franquista que elaboró en 1939 el “Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes el 18 de julio de 1936”, instrumento con el que se le “daba la vuelta” a la segunda República, pretendiendo dotar de “legalidad” al baño de sangre de los años anteriores y posteriores.

Sin embargo, esa nueva legalidad no era reconocida internacionalmente: la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 39 (I) de 12 de diciembre de 1946 sobre las relaciones de los miembros de las Naciones Unidas con España,  “convencida de que el gobierno fascista de Franco en España fue impuesto al pueblo español por la fuerza con la ayuda de las Potencias del Eje”, recogía el estudio realizado por el Consejo de Seguridad en 1946 cuya investigación llegó unánimemente, entre otras, a la conclusión de que:  “(a) En origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini”.

En definitiva, para hacerse una idea de la clara correspondencia de la raimunda con el ideario y los valores del régimen, se recomienda leer el preámbulo del propio Decreto de 23 de enero de 1944:

“La grandeza de los pueblos se mide tanto por la heroica virtud de sus hijos como por el fulgente esplendor de la Justicia. Las Armas y las Leyes son los dos grandes protagonistas de la universal historia, hasta el punto de no lograr ésta ninguna de sus formas civilizadoras sin el supremo acorde de estas altas facetas del espíritu humano, desarrollándose bajo el palio espiritual de la Religión, que las engarza con Dios, supremo manantial de vida y único camino de redención. Nunca deja de ser la hora de las Armas y de las Leyes, porque unas y otras son gérmenes fecundos del acontecer diario; pero hay momento en que una de ellas toma la delantera ante la exigencia imperiosa de la realidad ambiente. En nuestra España, liberada de las potencias del mal, llega aquí ahora el tiempo esplendoroso en que las Leyes van dando permanencia y sentido de profundidad humana al magno proceso heroico de nuestra liberación nacional, y en ese triunfante repecho de paz, pleno de fecundantes promesas patrias, queremos enaltecer con generoso aliento la milicia de los hombres del Derecho y cuantos contribuyen a dotar al país de una inquebrantable base jurídica y una prestigiosa estructura legal. Para cumplir ese cometido, nada nos ha parecido más adecuado como crear la Cruz de San Raimundo de Peñafort, rememorando así las excelsas virtudes de un español benemérito, confesor de Reyes y de Papas, Canonista insigne, escrutador iluminado de las más vastas perspectivas del Derecho y de la moral. Su sentido universalista, pleno de divina inspiración; su alma misionera, cuajada de rutilantes destellos; su docta y áurea pluma de legislador y tratadista han dejado rastro imperecedero en la memoria de los hombres todos de las tierras hispanas. Por ello será el máximo honor llevar con la Cruz que ahora se crea su efigie y su nombre, vinculándolos al más alto servicio de Dios y de España por las anchas y reparadores sendas del Derecho y las Leyes. A ese fin, coincidiendo con la celebración de la fiesta religiosa de tan insigne santo, a propuesta del Ministro de Justicia, de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, dispongo…”

Otra lectura ilustradora es la obra de 168 páginas y un CD ROM, titulada “La Orden de San Raimundo de Peñafort y las élites de la justicia y el derecho (1944-2014)” escrita por Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, y publicada en 2015 por dos instituciones públicas como el Ministerio de Justicia y el Boletín Oficial del Estado. En esta reciente publicación, al explicar y justificar el origen de la Orden, se califica el régimen autoritario de Franco como una “magistratura personal, extraordinaria y excepcional, más semejante a la de un paternalista monarca absoluto bajomedieval que a la de un dictador del siglo xx.” para posteriormente afirmar que “si bien el régimen franquista tuvo enormes  defectos políticos –el principal de ellos, sus escasas convicciones  democráticas–, en cambio sí tuvo unas sólidas bases jurídicas e institucionales, merced a los grandes juristas que lo concibieron y lo  apoyaron”. Finalmente, reconoce de modo explícito que “sus normas vigentes son precisamente las mismas fundacionales de 1944, y evidencian un señalado aroma franquista –en especial en el preámbulo–.” proponiendo seguidamente algunas reformas en su regulación.

  1. Nacionalcatolicismo

En segundo lugar la creación y régimen de la raimunda también responde nítidamente a la ortodoxia nacionalcatolicista del régimen instaurado. No es una casualidad la misma elección de un santo católico para poner la orden “bajo su advocación”. San Raimundo de Peñafort, Sant Raimon de Penyafort,  recopilador de derecho canónico, introductor de la inquisición papal en la Corona de Aragón, y elevado a los altares en el siglo diecisiete.

Además, el trámite para la concesión de la misma incluye el informe por la Junta de Gobierno de la Cancillería de la Orden, uno de cuyos miembros natos sigue siendo el Arzobispo de Toledo o prelado que éste asigne.

Porque no olvidemos que se trata de una Orden, de la que en teoría, son miembros todos los premiados en las diferentes categorías, más de doce mil a lo largo de estas décadas.

  1. En la actualidad

Actualmente la raimunda subsiste sin que, como se decía al principio, nadie se haga demasiadas preguntas, aceptada en su origen y normativa por los diferentes gobiernos, percibida lejanamente en el sector legal como un mérito corporativo “tradicional”. La Orden crece, año tras año, colocando estrellitas en los pechos de quien cumple los trámites, de los números uno de las promociones, como medio de premiar servicios prestados, o incluso de forma masiva e indiscriminada, como hizo el Real Decreto 1749/2011, de 25 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a los Secretarios Judiciales y demás Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia “por la defensa de los derechos y libertades frente a la violencia terrorista y desde el reconocimiento a todas las víctimas que permanecerán por siempre en nuestra memoria”.

Desde el punto de vista organizativo, la dirección de la Cancillería de la Orden de San Raimundo de Peñafort, la preparación de las propuestas y la expedición de las condecoraciones y la gestión del Registro de distinciones de la Orden corresponde a la División de Derechos de Gracia y Otros Derechos, dependiente de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia. Sin ir más lejos, la Subsecretaría licitó y adjudico por casi quince mil euros en 2018 un contrato de suministro de condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

Paradójicamente, desde que entró en vigor el Real Decreto 453/2012, esa misma División del Ministerio de Justicia es la que tiene encomendado el desarrollo de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre de 2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, conocida como Ley de Memoria Histórica.

En la publicación citada más arriba se aporta un dato: la de San Raimundo de Peñafort es la única Orden de Estado que hoy existe en todo el mundo, específicamente  dedicada a premiar los méritos y servicios jurídicos a la Justicia y al Derecho.

Así que, si bien materialmente se podría alegar que su significado original está desvirtuado y superado por una gran parte de la comunidad jurídica española actual, ¿tiene sentido en un estado democrático aconfesional y pluralista mantener siquiera formalmente una condecoración oficial estatal específica para las profesiones jurídicas y precisamente con estas características, simbología y origen? ¿De verdad es necesario?

(*) Publicado por la Federación Estatal de Foros por la Memoria: http://www.foroporlamemoria.info/2018/10/la-cruz-de-san-raimundo-de-penafort-una-orden-y-una-condecoracion-fuera-de-lugar/

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Por qué los juzgados de cláusulas suelo no son la solución

Por Abigail Fernández González, portavoz del Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (*)

El 25 de mayo de 2017, el Consejo General del Poder Judicial aprobó la especialización de cincuenta y cuatro juzgados en toda España para conocer los litigios relativos a cláusulas abusivas incluidas en contratos de hipoteca, entre las que se encuentran las cláusulas suelo, que les han dado el nombre por el que son comúnmente conocidos.

Esta decisión se adoptó para hacer frente a un previsible aumento de demandas a consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016, que reconoció el derecho de los consumidores a la devolución de las cantidades cobradas indebidamente en aplicación de esas cláusulas en todos los casos, contrariando así la Sentencia 241/2013 del Tribunal Supremo español. Esta, por su parte, había fijado unos parámetros para valorar cuándo una cláusula es abusiva, que se resumen fundamentalmente en la falta de transparencia e información comprensible para el consumidor. Por la misma razón, en enero de 2017, se había dictado el Real Decreto 1/2017, que regula un procedimiento extrajudicial para que consumidores y bancos se pusieran de acuerdo en la devolución de esas cantidades.

Lo cierto es que las cláusulas suelo constituyen un ejemplo magnífico para analizar la respuesta de la justicia española a las necesidades sociales, que pone a prueba las tradicionales reclamaciones de aumento de efectivos y juzgados. Y ello por factores como la larga duración del conflicto general, su repercusión en numerosísimos conflictos individuales que afectan a un bien de primera necesidad como es la vivienda, el gran desequilibrio de poder entre bancos y clientes o el punto de inflexión en el tratamiento jurídico de las cláusulas suelo a raíz de las sentencias dictadas.

Según publicó hace unos días el Consejo General del Poder Judicial, los juzgados de cláusulas suelo habían recibido a 30 de septiembre más de 300.000 demandas, de las que han resuelto menos de una cuarta parte. Sin embargo, el propio Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en justicia concluyeron, en la reunión de coordinación celebrada en octubre, que la especialización es un sistema adecuado.

Sin embargo, no se puede concluir que la especialización de juzgados haya sido la opción adecuada, y ni siquiera la menos mala. Los resultados son evidentes: un aluvión de demandas concentradas en sólo cincuenta y cuatro juzgados imposibilita que ya la primera respuesta (registro e inicio de los procedimientos) sea inmediata, y provoca que demandas presentadas con poca distancia entre sí tengan señalamientos muy dispares. Esto no colapsa el sistema, por más que algún juzgado haya optado por no señalar más juicios, pero sí genera consecuencias graves, como retrasar la respuesta a los afectados, incrementar los costes o mantener una visión litigadora de la solución de conflictos en casos en los que puede cuestionarse que el pleito sea la manera adecuada de resolverlos. Llama a la reflexión la anomalía estadística que supone que el 97,1% de las sentencias dictadas sean todas ellas favorables al consumidor, lo que deja traslucir que la controversia jurídica no es tal en un porcentaje elevadísimo de casos.

Las cláusulas suelo han vuelto a corroborar la incapacidad operativa de un modelo de Administración de Justicia que debe superarse en favor de oficinas judiciales modernas y eficaces, tribunales de instancia y, como viene reclamando el Sindicato de Letrados – SISEJ, tribunales de base y ejecución para asuntos menos complejos y para impulsar la ejecución de resoluciones judiciales. Junto a esto, es evidente la necesidad de incorporar al  ámbito público mecanismos adecuados de resolución de conflictos para permitir que se alcancen acuerdos, pero salvaguardando todas las garantías, implicando y coordinando a todas las administraciones e instituciones que a día de hoy realizan esta oferta y garantizando el sostenimiento económico del sistema.

En conclusión: cualquier medida que mantenga el juzgado como elemento sobre el que pivote la Administración de Justicia (creación de nuevas unidades, especializaciones o refuerzos) genera gasto público sin suponer inversión y condena a la sociedad a respuestas tardías, heterogéneas e ineficaces, que son incompatibles con el artículo 24 de la Constitución, según el cual la tutela judicial debe ser efectiva.

Publicado en ELDIARIO.ES: https://www.eldiario.es/tribunaabierta/juzgados-clausulas-suelo-solucion_6_838926128.html

¿Es el Consejo General del Poder Judicial un órgano homologable a nivel europeo?

Por Francisco Cabo Orero, Letrado de la Administración de Justicia (*)

Entre las conclusiones de las jornadas nacionales de juezas y jueces decanos de España celebradas los pasados días 15 a 17 de octubre, en el apartado relativo a la independencia judicial y al abordar el tema de la elección y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, tras exigir nuevamente la modificación del sistema actual de elección de vocales judiciales, se afirma: “…no cejaremos en nuestro empeño de seguir denunciando un sistema que nos aleja de los estándares europeos y que ha sido duramente criticado hasta en dos ocasiones por el Consejo de Europa”.

Los jueces decanos se están refiriendo a dos informes del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) dependiente del Consejo de Europa en el que se recomienda que los vocales de procedencia judicial sean elegidos por los propios jueces.

En realidad, y cualquiera que lea los informes lo puede constatar, no se trata de “duras críticas”, sino de una de las varias recomendacion es que se hacen ya demás idéntica a la que se hace a mucho otros estados de los que son evaluados. Es más, en el último informe correspondiente a 2017, el GRECO concluye que la recomendación ha sido parcialmente implementada a la vista de que la propuesta de miembros se hace por los propios miembros de la carrera judicial.

En todo caso es cierto que, tanto en la opinión pública como en la publicada, por diversos motivos, ha calado la idea de que la justicia española está politizada debido fundamentalmente a la composición y funcionamiento del CGPJ.

Pero igual de cierto es que nunca se ha preocupado nadie de hacer un análisis de la composición y competencias del Consejo General del Poder Judicial y una comparación rigurosa con las del resto de consejos europeos. En este artículo vamos a intentar una aproximación.

Se pueden distinguir tres modelos diferentes de gobierno del poder judicial en los estados democráticos:

1. Aquel en el que las decisiones sobre el estatuto de los jueces están atribuidas a instituciones no pertenecientes al propio poder judicial. El caso paradigmático es el de EE.UU. donde el Gobierno nombra jueces y no existe una carrera judicial.

2. Aquél otro en el que la intervención del poder ejecutivo está reglada y el poder judicial participa en la determinación del estatuto de los jueces a través de los recursos que resuelve ante las resoluciones administrativas dictadas en este ámbito y previamente impugnadas ante los tribunales.

3. El último es aquél en el que la intervención del poder ejecutivo es nula ya que el gobierno del poder judicial viene atribuido a un órgano creado al efecto. Dentro de este último modelo cabe distinguir entre:

a. Sistema francés, con un órgano de gobierno sin predominio de miembros judiciales, con competencias no plenas y concebido como auxiliar del presidente de la República.

b. Sistema italiano, con un órgano de gobierno con predominio de miembros judiciales, amplias competencias y mayor autonomía respecto al Poder Ejecutivo.

El sistema de gobierno del Poder Judicial establecido en la Constitución Española se encuadraría en el modelo 3.b), siendo, por lo tanto, el sistema en el que menos intervención y competencias tiene el poder ejecutivo. Desde el punto de vista de la separación de poderes, es la máxima posible de entre las que nos podemos encontrar actualmente en cualquier otro estado.

La Constitución Española dispone que el CGPJ estará compuesto por 20 vocales. De estos, 8 lo serán de procedencia no judicial, designados por las Cortes Generales por mayoría de 3/5 de sus miembros, y 12 de extracción judicial, designados en los términos que la ley orgánica establezca.

La Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial de 1980 estableció un sistema de elección corporativa para los 12 vocales de procedencia judicial.

La LOPJ de 1985 modificó el sistema, disponiendo que los vocales judiciales fuesen elegidos, igual que los no judiciales, por mayoría de 3/5 de las Cortes Generales. Desde el año 2001 los 12 vocales judiciales deben ser propuestos por los propios jueces y juezas.

Los Consejos del Poder Judicial en Europa

Numerosos estados europeos han instaurado órganos autónomos e independientes que vigilan el cumplimiento del principio de separación de poderes y defienden los valores de la independencia de los jueces y la soberanía de las funciones judiciales.

La Red Europea de Consejos del Poder Judicial (RECJ por sus siglas en francés) se constituyó formalmente en Roma en 2004 y agrupa, a fecha de hoy, a los veinte Consejos del Poder Judicial e instituciones similares existentes actualmente en la Unión Europea.

En el año 2017 la RECJ elaboró una Guía de la Red Europea de Consejos del Poder Judicial en la que se incluye una ficha con información de cada uno de los 20 Consejos. En esta Guía, más allá de la información individualizada de cada uno de los Consejos, no se llega a establecer una valoración ni una comparación entre los distintos sistemas.

No obstante, tomando como base la información obrante en dicha guía, se puede ofrecer una visión resumida del nivel de independencia y competencias de los distintos consejos judiciales europeos.

En las fichas aparecen dos tipos de indicadores:

a) Los que se refieren a la naturaleza y composición de los Consejos.

b) Los que se refieren a las competencias y autonomía presupuestaria de los propios Consejos.

Para poder hacer comparaciones entre los distintos consejos, lo mejor es utilizar la misma metodología que se usa en los informes anuales de la Comisión Europea para elaborar los EU Justice Scoreboards, es decir, atribuir puntos a cada estado en función de la mayor o menor intensidad de cada indicador en su sistema. Con esta metodología cada Consejo del Poder Judicial obtiene un valor indicativo o índice del aspecto que se está evaluando.

Siguiendo esta metodología y asignando a cada estado dos puntos por indicador cuando el mismo se cumple en su totalidad, un punto cuando se cumple parcialmente y cero puntos cuando no se cumple, se obtiene la siguiente tabla en lo que a naturaleza y composición se refiere:

* En el apartado “dedicación miembros consejo” se ha otorgado 2 puntos al CGPJ al considerar el régimen de dedicación exclusiva vigente hasta el año 2013 y en cuya recuperación hay consenso generalizado por las fuerzas parlamentarias, estando prevista para la próxima renovación.

La suma de los valores obtenidos por cada uno de los Consejos nos arroja lo que se podría denominar “índice de independencia en la composición de los Consejos del Poder Judicial”. Como se puede observar, España obtiene en exclusiva el índice más alto de los 20 Consejos europeos:

Si hacemos la misma operación con los indicadores contenidos en las fichas de la RECJ referidos a competencia y autonomía de los consejos, el resultado es el siguiente:

La suma de los valores obtenidos por cada uno de los Consejos nos arroja lo que se podría denominar “índice de competencias de los Consejos del Poder Judicial”. Nuevamente el CGPJ español es, con diferencia, el Consejo europeo con mayor nivel competencial al tener un índice de 14. Cabe destacar que el índice obtenido por el Consiglio Superiore della Magistratura italiano, modelo en el que principalmente se inspiró el CGPJ español, es de un 7, la mitad que el español y por debajo de la media europea.

El debate sobre la politización del CGPJ es estéril si no se tienen en cuenta y se relacionan los dos aspectos ya vistos: sistema de elección de los miembros que lo componen y nivel de competencias que tiene atribuidas. 

Para tener una idea gráfica del sistema de elección de los miembros de los Consejos, en relación con el nivel de competencias atribuidas a los mismos, se ha elaborado un “índice agregado” compuesto por la suma de los dos índices ya vistos (independencia y competencia), obteniendo el siguiente resultado:

En él se observa de manera clara que, países como Irlanda o el R. Unido, aunque tienen un índice de independencia moderado, el nivel de competencias es testimonial. Sin embargo, hay estados como Malta o Países Bajos que, teniendo un índice aceptable de competencias, el nivel de independencia es muy bajo. España obtiene, con diferencia, el mayor índice agregado. 

La percepción ciudadana de la independencia de sus tribunales 

La primera de las recomendaciones contenida en la primera declaración de la RECJ (Resolución de Budapest sobre autogobierno del Poder Judicial de 2008) establece: “El autogobierno del poder judicial garantiza y contribuye a fortalecer la independencia del poder judicial y la administración eficiente de la justicia”. 

Una buena manera de medir la independencia de los tribunales sería la de saber qué percepción de la misma tienen los ciudadanos de cada estado. Para ello tomamos la información aparecida en The 2018 EU Justice Scoreboard, publicación de la Comisión europea que, con carácter anual, aborda diversos aspectos relativos a la justicia en los estados miembros. 

A partir de dichos datos, en el siguiente cuadro se relaciona el índice agregado de independencia y competencias que habíamos obtenido anteriormente, con el porcentaje de ciudadanos que, en cada estado, han respondido que perciben que el nivel de independencia de sus jueces es bueno o muy bueno.

En el mismo se aprecia de forma muy llamativa: 

a) Que los seis estados cuyos Consejos del Poder Judicial han obtenido elmayor índice agregado de independencia, obtienen un porcentajeinferior al 50% de ciudadanos con una percepción buena o muy buena de la independencia judicial (cuatro de ellos, entre los que se encuentra España, inferior al 40%). 

b) Que los siete estados cuyos Consejos del Poder Judicial han obtenido el menor índice agregado de independencia, obtienen un porcentajesuperior al 60 % de ciudadanos con una percepción buena o muy buena de la independencia judicial 

c) Que el estado donde un mayor porcentaje de ciudadanos tiene una opinión buena o muy buena de la independencia de sus jueces, con un 87%, es Dinamarca. Sin embargo, The Danish Court Administration, ha obtenido el antepenúltimo lugar en la clasificación del índice agregado. 

En el siguiente gráfico se ve claramente lo sorprendente, por contradictorio, del resultado obtenido: 

El resultado obtenido es muy clarificador: a mayor índice de independencia y competencias del consejo de justicia, peor valoración ciudadana de la independencia de sus jueces. 7 

Hasta ahora hemos estudiado la situación de los países en los que hay un órgano específico que, en mayor o menor medida, gobierna al Poder Judicial. Pero hay estados donde este órgano no existe. Por ejemplo, en Alemania no hay un órgano de gobierno autónomo judicial. El sistema es administrado por el ministro de Justicia de cada Land o del Estado Central, dependiendo de la instancia. 

Si la conclusión a la que hemos llegado antes era sorprendente, mucho más lo es la que se desprende del EU Justice Scoreboard, ya que los ocho estados europeos que no disponen de un Consejo del Poder Judicial obtienen una valoración muy alta cuando se pregunta a sus ciudadanos sobre el nivel de independencia de sus jueces. 

Vemos que, de los 28 estados de la Unión Europea, entre los 10 que obtienen una mejor percepción ciudadana de la independencia de sus jueces, 7 de ellos (los resaltados en amarillo) no disponen de Consejo del Poder Judicial ni órgano similar.

 

(*) Publicado en CONFILEGAL: https://confilegal.com/20181110-es-el-consejo-general-del-poder-judicial-un-organo-homologable-a-nivel-europeo/?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=shareweb&utm_content=footer&utm_origin=footer