Pacto de estado por una justicia de todos y todas. Bases para un cambio democrático

En abril de 2012 tuvo lugar en Barcelona la presentación pública del manifiesto constitutivo de la plataforma ciudadana por una justicia de todos  

[enlace: https://porunajusticiadetodos.wordpress.com/manifiesto/ ]

cuyos objetivos giraban alrededor de una mayor democratización de la justicia y el poder judicial, su acercamiento a la ciudadanía, y la superación del corporativismo que ha frenado durante décadas su modernización y proximidad. 

A partir de dichos postulados,  anunciamos para el próximo viernes 22 de enero en Madrid (C/Mayor 71, 18:00 horas) un acto público de presentación de un texto en el que proponemos a las fuerzas políticas que en un sentido amplio apuestan por un cambio social y democrático, un amplio pacto de estado por la justicia en cuanto base democrática y garantía de los derechos ciudadanos en el marco de un Estado social y democrático de derecho.

Este acto de presentación pública será el punto de partida para un calendario de reuniones y presentaciones a lo largo de este año.  

[enlace descarga documento: https://porunajusticiadetodos.files.wordpress.com/2012/04/pacto-por-una-justicia-de-todos-y-todas-bases-para-el-cambio-democrc3a1tico.pdf  ]

CÓMO ADHERIRSE AL MANIFIESTO POR UN PACTO EN JUSTICIA: 

Para la adhesión (individual y/o de organizaciones) y aparecer como firmante hay que comunicarlo a porunajusticiadetodos@hotmail.es.  

Destacamos la importancia de la unión de esfuerzos por este pacto, ante el decisivo momento político y social que atraviesa nuestra sociedad, y de concitar el máximo de interés de los agentes sociales, fuerzas políticas, profesionales y ciudadanas, partiendo de que se trata de un documento que, sin duda, necesitará del concurso y participación posterior de todas las personas, colectivos y organizaciones interesadas. 

Recomendamos la lectura y difusión del documento Pacto por una justicia de todos y todas. Bases para el cambio democrático. y resumimos los ejes para el cambio en la justicia:

1.- Transformación del Consejo General del Poder Judicial para fortalecer la independencia judicial

2.- Apertura social y democratización del acceso a la judicatura y demás profesiones jurídicas públicas 

3.- Un nuevo proceso penal con más garantías y una nueva fiscalía.

4.- Un proceso accesible con garantías de igualdad

5.- Modernización estructural de la administración de justicia: por una respuesta homogénea, objetiva, previsible y segura, y

6.- Creación de un Observatorio para la Reforma Democrática de la Justicia en torno a los puntos expuestos para su desarrollo y aplicación en un los próximos cuatro años

Por una justicia de todos, por un cambio democrático en la justicia. 

Últimos actos y debates públicos con participación y difusión de Justicia de tod@s

Durante este primer semestre de 2015 hemos seguido compartiendo en diversos foros públicos y sociales la perspectiva e ideas de la plataforma ciudadana por una justicia de todos.

El pasado día 2 de junio tuvo lugar un encuentro en Barcelona, en la sede de la CONFAVC (confederació d’associacions veïnals de Catalunya) que contó con la participación, además de representantes de otras entidades sociales, de Rafael Lafuente, secretario judicial y miembro de justicia de todos,  y en el que se mantuvo un interesante debate estratégico sobre participación y el movimiento vecinal, algo a lo que damos la máxima importancia para la construcción de una justicia implicada con la ciudadanía y legitimada al máximo por ella.

Igualmente, también en Barcelona, el 25 de junio, en el Museo de Arqueología de Catalunya, la Fundació L’Alternativa organizó un debate valoración sobre la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, conocida como #LeyMordaza y en el que intervino Isidor García, abogado y miembro de justicia de todos, junto a otros profesionales y activistas del derecho, la sociología y movimientos sociales. El debate fue del máximo interés y estuvo especialmente enriquecido por la aportación de diversas perspectivas profesionales y visiones críticas de la polémica norma, vigente desde el 1 de julio.

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Seminario debate 2 junio sobre participación y movimiento vecinal

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Debate público sobre #LeyMordaza 25 junio 

El fin de una etapa negra para la ciudadanía y la justicia: valoración del cambio en Ministerio de Justicia

Tras la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón de su cargo como Ministro de Justicia y la toma de posesión de Rafael Català Polo como nuevo titular de la Cartera, la Plataforma Ciudadana por una Justicia de Todos emitimos la siguiente valoración:

1.- La etapa de Ruiz-Gallardón al frente del Ministerio de Justicia se caracterizó por el enfrentamiento continuo con la mayoría de los sectores corporativos y por la lenta espera de las anunciadas reformas de los textos legales más importantes, cuya redacción se “externalizó” a grupos de expertos de distintos ámbitos profesionales en un intento de dotarlas de tecnicidad aséptica pese a que los redactores eran siempre elegidos entre los sectores más reaccionarios de sus respectivas carreras.

Por su parte, Rafael Català Polo ha manifestado hoy en su toma de posesión que, si bien continuará “desde el diálogo y el consenso” con las reformas que impulsó su predecesor, también revisará una de las más polémicas, la Ley 10/2012, conocida como la Ley de Tasas Judiciales, que ha excluido a gran parte de la ciudadanía del derecho fundamental de acceso a la Justicia.

Desde la Plataforma Ciudadana por una Justicia de Todos consideramos que ninguna de las reformas iniciadas ha tenido la intención de democratizar ni de mejorar la calidad de la Justicia ni de la Administración de Justicia, sino que, por contra, todas ellas intentan potenciar la desigualdad entre la ciudadanía. Por ello confiamos en que no se materialicen en los términos en que se plantean, si bien continuamos defendiendo la necesidad de una reforma estructural de la Justicia y la Administración de Justicia.

Apelamos para ello a la responsabilidad política del Ministro y a que entienda que la actual mayoría parlamentaria es variable y no garantiza respaldo social, máxime teniendo en cuenta, por una parte, las tensiones que ha generado su predecesor y, por otra, que iniciamos la recta final de la legislatura.En todo caso, valoramos positivamente que el nuevo Ministro invoque valores como el diálogo y el consenso, ausentes del Ministerio de Justicia durante casi tres años, y consideramos una buena noticia que plantee revisar las tasas judiciales, pero entendemos que la única solución a la exclusión que ha generado, y la única respuesta digna a los argumentos falaces con que se han implantado, es la derogación de la Ley actual.

Igualmente entendemos que debe deshacerse el camino hacia la privatización del Registro Civil, iniciado casi a escondidas con la Disposición Adicional vigésima del Real Decreto Ley 8/2014, que atribuye la llevanza del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles y a pesar del pronunciamiento expreso de que se mantendrá su gratuidad.

2.- No olvidamos a quienes han permitido y alentado la negra etapa que hemos pasado: un Gobierno y un Presidente del mismo que nunca han buscado el consenso social y que han llevado a cabo reformas traumáticas y confusas por trámites de urgencia innecesarios, así como aquellos que iban a ser los grandes beneficiados por algunas de las reformas en trámite, y, por último, los sectores más reaccionarios de todos los colectivos de Justicia, en quienes el anterior Ministro encontró siempre respaldo a sus políticas ultraconservadoras.

3.- Finalmente, desde la consideración de que la justicia no es una simple cuestión corporativa o de “colectivos afectados”, sino que como poder del Estado y garantía de derechos pertenece a toda la ciudadanía o pueblo soberano, la plataforma ciudadana por una Justicia de Todos solicitará formalmente una próxima recepción y presentación al nuevo Ministro de Justicia.

Materiales jurídicos de interés sobre tutela judicial efectiva: libro “El derecho y la reversibilidad” y jurisprudencia constitucional

Ofrecemos diversos materiales jurídicos de interés derivados del acto público “La ciudadanía ante la justicia”, que tuvimos ocasión de organizar el pasado 12 de mayo con la Universitat de Barcelona. En relación con la exposición que realizó el profesor Juli Ponce sobre la tutela judicial efectiva, el derecho de acceso de los ciudadanos al servicio público y su recortes (tasas, fórmulas de “copago”) , ponemos a disposición general dos sentencias del Tribunal constitucional que ponen de manifiesto la existencia en los derechos constitucionales de un núcleo mínimo intocable por el legislador, sea estatal o autonómico, material que se considera relevante a los efectos de impugnaciones y decisiones en relación con el artículo 24 de la vigente Constitución.

Las dos sentencias disponibles en estos enlaces:  STC 71/2014 [fundamento jurídico 3 párrafo b] y STC 191/2013 [fundamento jurídico 7 párrafo b]

Así mismo, ofrecemos el libro-estudio del profesor Juli Ponce El derecho y la reversibilidad, en formato digital, abierto para su difusión en el INAP y gratuito, que se puede descargar en este enlace: descarga PDF.

 

 

Intenso acto público en Barcelona 2012-2014, la ciudadanía ante la justicia

Ayer, 12 de mayo de 2014, y dentro del ciclo de conferencias de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, tuvo lugar la mesa redonda “La ciudadanía ante la Justicia”, organizada por la Facultat de Dret y la Plataforma Ciudadana por una Justicia de Todos, en la que se debatió sobre la situación actual de la Justicia a partir de los cambios legislativos más importantes que están teniendo lugar, así como en el contexto de recortes de derechos sociales en el que nos encontramos.

Inauguró el acto el Vicedecano de Relaciones Institucionales de la Facultat de Dret, Daniel Vázquez Albert. La primera de las intervenciones estuvo a cargo de Juli Ponce Solé, Profesor titular de la Universitat de Barcelona acreditado como Catedrático de Derecho Administrativo, que reflexionó sobre si la tutela judicial efectiva reconocida en la Constitución puede recortarse, y si este recorte, en su caso, puede hacerse de cualquier manera. Según el Profesor Ponce, los derechos reconocidos constitucionalmente tienen un núcleo mínimo vital que no puede atacarse ni siquiera de manera indirecta mediante la vulneración de los principios jurídicos europeos, constitucionales y legales que los rigen, por lo que, pese a contar con legitimidad democrática para hacerlo, los recortes de tales derechos que afecten ese núcleo son ilegales.

A continuación intervino Lorenzo Prats Albentosa, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Barcelona, que resumió la trayectoria que en los últimos años ha seguido el Registro Civil y alertó sobre las graves consecuencias económicas y de tratamiento y gestión de datos que se darán en caso de que el Registro Civil deje de ser competencia exclusiva de la Administración General del Estado para pasar a serlo de funcionarios públicos sui generis como son los Registradores, colectivo con el cual el Ministerio de Justicia negocia la asunción de esta competencia.

Isidor García Sánchez, Abogado y miembro de la Coordinadora de la Plataforma Ciudadana por una Justicia de Todos, expuso las consecuencias que tendría para los procedimientos en trámite la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en los términos del Anteproyecto de abril de 2014 y explicó por qué agrandaría la brecha entre Justicia y ciudadanía a partir de puntos concretos de la regulación como la supresión de los Juzgados de Paz o los cambios en el recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Abigail Fernández González, Secretaria Judicial y miembro de la Comisión Ejecutiva del Sindicato de Secretarios Judiciales, bajo el título de si es posible una Administración de Justicia al servicio de la ciudadanía, afirmó que sí y analizó resumidamente los males de nuestra Administración de Justicia y el camino que debe seguirse para llegar a una Administración que funcionase como un auténtico servicio público, alertando de que la regulación propuesta en el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial supondría un “regreso al pasado” camuflado entre terminología moderna.

Francisco Javier Pérez Ruiz, Fiscal y miembro de la Unión Progresista de Fiscales, reflexionó sobre la represión legal de las conductas ciudadanas, tal como se plantea en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y en la vigente Ley de Seguridad Privada, llamando la atención sobre el autoritarismo de ambos textos, el uso de conceptos jurídicos indeterminados en los mismos, frente a la seguridad jurídica que deberían garantizar, y la injustificada transformación en delitos de actividades prohibidas pero de tipicidad cuestionable, y que pueden ser sancionadas en otras vías.

Cerró la mesa redonda Andrés Pérez Subirana, Abogado y Presidente de la Associació Catalana de Juristes Demòcrates, quien valoró el cambio de situación producido en el acceso a la tutela judicial efectiva a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Tasas Judiciales.

Desde la Plataforma Ciudadana por una Justicia de Todos agradecemos a la Escola de Postgrau de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona su disponibilidad en la organización de este acto, y recordamos que una de las principales funciones de la Universidad es la creación de entornos de debate crítico como premisa para incidir en la realidad social, política y económica, máxime en situaciones críticas como la actual. Tras dos años de actividad de la Plataforma, el manifiesto a partir del cual ésta se creó sigue estando plenamente vigente, pero el debate sobre la Justicia que merece la sociedad española empieza a hacerse un hueco en la agenda política, que por necesidad, ha de ser cada vez mayor.

Acto público: “2012-2014: la ciudadanía ante la justicia”

Acto público y valoración en el segundo aniversario de la plataforma ciudadana por una justicia de todos

Acceso al PROGRAMA DEL ACTO

La plataforma ciudadana por una justicia de todos anuncia la celebración de un acto público y de asistencia libre en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona, Avenida Diagonal número 684, el próximo lunes 12 de mayo a las 17:00 horas.

En el encuentro, que hemos titulado “2012-2014: la ciudadanía ante la justicia” , diversos juristas de distintas ramas profesionales y académicas expondrán en términos sencillos y de modo participativo, un análisis de la justicia durante estos dos últimos años, desde la perspectiva de la relación de la ciudadanía con ella.

Previamente a difundir el programa definitivo, confirmamos las siguientes intervenciones:

Juli Ponce, Profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona, sobre el ámbito esencial del derecho a la tutela judicial efectiva,

Lorenzo Prats, Catedrático de Derecho Civil de la Universitat Autònoma de Barcelona, sobre el Registro Civil,

Isidor Garcia, Abogado y Profesor de Derecho Civil,

Andrés Pérez Subirana, Abogado y Presidente de la Associació Catalana de Juristes Demòcrates,

Abigail Fernández, Secretario Judicial y miembro de la comisión ejecutiva y comisión permanente del Sindicato de Secretarios Judiciales.

Francisco Javier Pérez Ruiz, Fiscal, miembro de la Unión Progresista de Fiscales

Justicia de todos nació en Barcelona el 14 de abril de 2012, y desde entonces hemos venido llevando a cabo una labor de difusión ciudadana de las principales cuestiones de actualidad relacionadas con la justicia en diversos foros sociales, vecinales y culturales, así como aportado opiniones alternativas sobre las mismas, e intentado dar visibilidad social y reivindicativa a los diferentes aspectos y problemas que, desde la óptica de nuestro manifiesto constitutivo, obstaculizan que la justicia se acerque democráticamente a la ciudadanía, tanto en su vertiente de poder pudicial como en su consideración de administración de justicia, de servicio público esencial en una sociedad democrática.

Invitaremos a toda la ciudadanía y a cuantas personas, entidades y organizaciones puedan, a difundir, acudir y participar en el encuentro, que será abierto, como la justicia democrática, que nuestra sociedad ansía y merece en cuanto pueblo soberano.

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Sobre la regulación del indulto

La Plataforma Ciudadana por una Justicia de Todos nació con el objetivo de contribuir a un cambio definitivo en la Justicia de este país, y entre los elementos clave que se han de corregir para alcanzar ese propósito se encuentran la democratización de todas las instituciones que intervienen en ella y la transparencia de su gestión.

En ocasiones se tiende a reducir el ámbito de los colectivos o entes que se ocupan de la Justicia. Pensamos en los profesionales que trabajan en juzgados y tribunales, o en las fiscalías, y en sus respectivos organismos como los únicos que se encargan de “administrar Justicia”. Sin embargo, por más que sea en aquellos donde se dictan las sentencias resolviendo litigios y condenando a culpables o absolviendo a inocentes, administrar Justicia ha de ser también hacer Justicia, y esto no se consigue hasta que todos los implicados, ya sean particulares o el colectivo social, recuperan en lo posible el equilibrio roto por el conflicto.

Así, hacer Justicia es defender, cuando no recuperar valores. Al margen de otras funciones, como la resocialización del delincuente y, en lo posible, la reparación del daño, la condena a los responsables de un hecho delictivo ha de servir a la función preventiva general, para que otros sujetos se abstengan de cometer futuros delitos. La sociedad debe percibir que la condena resulta útil para ambos propósitos.

Sin embargo, acontecimientos recientes vienen a demostrar que la acción de la Justicia (de sólo parte de la Justicia, porque nos referimos sólo a la de los tribunales) carece de eficacia, y ello por decisiones ulteriores que, sin ninguna justificación, pervierten el sistema y evitan que se haga Justicia. Nos referimos a episodios que la ciudadanía está percibiendo como evidentes arbitrariedades, en el uso y abuso de la potestad que al Ejecutivo concede la actual ley reguladora del indulto.

Una Ley de 18 de junio de 1870 es la que, todavía hoy, regula en ese país la llamada “gracia del indulto”. Con ese nombre ya deja claro el espíritu de la norma, concebida como una muestra benevolencia y magnanimidad que reconocía con carácter exclusivo al Rey la Constitución vigente en el momento de promulgarse aquélla. Así ha permanecido hasta nuestros días sin demasiadas modificaciones, si bien hoy es el Gobierno quien la aprueba, a propuesta del Ministerio de Justicia y con el refrendo del Monarca.

Recientes indultos concedidos a diversos condenados por sentencia firme, (cargos públicos, banqueros, funcionarios públicos…) han llevado una lógica reacción general que va desde la crispación más encendida hasta la decepción y el alejamiento cada vez mayor de la sociedad respecto a sus instituciones políticas.

El hecho de que políticos, empresarios o grandes financieros eludan así el ingreso en prisión, o que hayan quedado impunes delitos que merecen un particular reproche social, como los relacionados con la corrupción política o la tortura, han provocado graves críticas y una reacción general que va desde la crispación más encendida hasta la decepción y el alejamiento cada vez mayor de la sociedad respecto a sus instituciones políticas.

Pese a todo, consideramos que en el momento en que recae una condena o debe iniciarse su cumplimiento, circunstancias personales o sociales podrían aconsejar el indulto, pero su concesión debe ser siempre excepcional y en atención a la especial naturaleza de aquellas circunstancias. Conviene analizar, pues, la naturaleza de los delitos que puedan merecer de este beneficio y las características de los delincuentes a quienes afecten, pero sobre todo las que le rodeaban en el momento de cometer el delito y en qué medida hoy han cambiado.

Por descontado, de la posibilidad de indulto deberían quedar excluidos aquellos delitos que, más allá de su particular gravedad (que habrá tenido reflejo en la pena impuesta), merezcan un mayor y más profundo reproche social.

Es evidente, pues, que la sociedad se reclama un profunda modificación de esta medida, respetando siempre su naturaleza excepcional. Por todo ello se propone la inmediata y urgente reforma de la ley reguladora del indulto, adaptándola a los parámetros de una democracia avanzada, evitando arbitrariedades en la concesión o denegación de esta medida por razones que no sean de naturaleza estrictamente terapéuticas y para favorecer la integración social de quienes incurrieron en conductas delictivas por apartarse de aquella.

Por otra parte, la gran mayoría de los países de nuestro entorno, no sólo en el caso español, se atribuye la facultad de conceder los indultos al jefe del Estado, pero desde la Plataforma Ciudadana por una Justicia de Todos abogamos por una Justicia accesible, transparente y responsable en nuestro país. En ese ejercicio de responsabilidad compartida en la gestión de lo público y de la forma de hacer Justicia, proponemos atribuir la concesión de los indultos a un órgano o institución independiente, aunque sometido al control de los tribunales a través de los recursos en vía jurisdiccional que se establecieren, que permita, además, una participación mayor de la ciudadanía en el mismo.

Este órgano o institución debería tener una composición pluridisciplinar, que incluiría a profesionales de diversas ramas: el derecho, la psicología, la sociología, etc., resolviendo si la medida de internamiento impuesta en sentencia por un tribunal podría considerarse acorde con la función resocializadora que atribuye a la misma nuestra Constitución o, por el contrario, no siendo merecedor de mayor reproche social ni útil la medida para favorecer su integración, finalmente el indulto es la mejor opción.